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La mañana del lunes 13 de Julio marcó un hito para las operaciones bursátiles del Perú. Por primera vez en la historia, el ministro de Economía de ese país Luis Carranza le dio el campanazo de apertura a la bolsa de Nueva York e introdujo formalmente un fondo especial donde se cotizarán 25 acciones diferentes de la Bolsa de Valores de Lima en Wall Street. Estas suenan como excelentes noticias para ese país, pero en realidad solo un reducido grupo de la población es el que se está bañando en agua rosada. Mientras tanto, por lo menos un tercio de los Peruanos no ven casi ni un centavo de las ganancias que generan esos grandes negocios.

El Perú ha demostrado en este último decenio un crecimiento económico envidiable en la región y sin importar lo precario de la economía mundial. En el 2008 logró que su Producto Interno Bruto creciera el 9.8 por ciento, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con este impresionante resultado, Lima acumula casi ocho años de crecimiento positivo ininterrumpidos. En contraste, el INEI tambien reporta que el índice de pobreza solo disminuyó en un 3.1 por ciento para alcanzar un 36,2 por ciento en el 2008. Esto significa que la pujante actividad económica que vive el país y sus beneficios le llega a cuenta gotas a los mas pobres, que son aproximadamente 10.5 millones de una población que sobrepasa ya los 29 millones.

Por eso no es de sorprenderse los recientes disturbios en la zona Amazónica de Bagua. Cuando el gobierno del Presidente Peruano Alan García pretendió implementar unos decretos de reforma agraria que agilizaban la expropiación de tierras sin cultivar por mas de dos años y entregarlas a inversionistas privados, se le prendió un polvorín de marca mayor. Primero, el gobierno nunca consultó con los dueños de esas tierras que por herencia cultural siempre han sido las comunidades indígenas. Segundo, los niveles de pobreza en las zonas rurales del Perú sobrepasan el 64 por ciento y con el gobierno amenazando en quitarles sus tierras era de esperarse una respuesta tan violenta. El saldo de campesinos muertos sobrepasa los 30 y agentes de policía llegan a los 22. Por último, el conflicto desencadenó una crisis ministerial que cobró la curul del ahora ex Primer Ministro Yehude Simon, quien fue reemplazado por Javier Velásquez Quesquén y la derogación de los controversiales decretos. Así mismo, García vio desplomarse su ya débil popularidad al obtener solo un 21 por ciento de aprobación de su mandato en las últimas encuestas.

Además, el renacimiento de el grupo guerrillero Sendero Luminoso que ahora opera como un cartel cocainero en una extensa zona selvática al sur de ese país tambien tiene a muchos en vilo. Cabe recordar que después de la captura de su jefe máximo Abimael Guzmán en 1992 por el gobierno del ahora infame ex presidente Alberto Fujimori, el movimiento se vino a pique. Desde la cárcel, Guzmán propuso una desmovilización que no todos sus secuaces aceptaron. La mano dura de Fujimori alentada por las mejoras económicas que vivió el Perú al principio de los años noventa terminó por debilitar al grupo.

Programas de interdicción y fumigación fomentadas por los Estados Unidos a finales del siglo pasado en la región y políticas como la de seguridad democrática del Presidente Colombiano Álvaro Uribe a principios de esta década, hizo que muchos de los negocios con narcóticos de la guerrilla de las FARC, se trastearan mas al sur. Precisamente hacia las selvas del Perú (además de las selvas en Brasil y Ecuador) donde se encontraban los pocos elementos del Sendero Luminoso que nunca se desmovilizaron. Ahora el tráfico de coca le ha inyectado fondos y nueva vida a ese grupo. Es triste ver como la población campesina de esas regiones quedan de nuevo atrapada entre la espada y la pared, y a merced del fuego cruzado entre los forajidos y el ejército. Esta es una realidad tambien muy familiar para millones de campesinos Colombianos.

Algunas conclusiones prácticas para nuestros hermanos Peruanos, para el gobierno Colombiano, y porqué no, para el creciente sonajero de precandidatos presidenciales. No importa que tan bien le vaya al gobierno en sus metas macroeconómicas si ese manojo de cifras no se traducen en oportunidades tangibles de trabajo y bienestar para la gente pobre de campos y ciudades. Si no se comprometen recursos serios para programas de reinserción y desmovilización, es casi fijo que excombatientes y raspachines vuelven al monte a plantar coca y a alquilarse al mejor postor. Por último, y desafortunadamente, un campanazo en Wall Street todavía significa lo mismo para millones que todavía viven en la pobreza en muchos países Latinoamericanos: prácticamente nada.

El gobierno de Canadá acaba de anunciar que a partir de Julio 14 del 2009 los ciudadanos Mexicanos deberán solicitar una visa para poder visitar a ese país. A primera vista, el anuncio parece normal dadas las duras condiciones económicas en un país en recesión como Canadá. Por lo general, los legisladores de cualquier país con ese dilema usualmente tratan de restringir la cuota de refugiados y mano de obra extranjera que aceptan cada año. Pero el número de peticiones no alcanza ni los 10 mil por año en un país de 33 millones de habitantes y con un bajo crecimiento poblacional que solo alcanzó el 1.1 por ciento en el ultimo cuatrienio. Y entonces que onda carnal, que pasa? Parece que el estigma del narcotráfico y la violencia les esta causando a los Mexicanos daños irreparables en su imagen a nivel global.

Las autoridades Canadienses insisten que la decisión se fundamenta solo en los problemas de presupuesto de su programa de refugiados. Es cierto que el número de solicitudes de asilo por parte de Mexicanos se ha casi triplicado, de 3,400 solicitudes in el 2005, a 9,400 en el 2008. El periódico El Universal de México en su editorial del Junio 15 explica que gracias a los controles que los Estados Unidos ha implementado en su frontera sur, el buscar asilo político en Canadá se convirtió en una válvula de escape tanto para gente buscando mejores oportunidades de trabajo tanto como para delincuentes. “Sin embargo, no alcanza a ser creíble que el tema de los refugiados haya sido el único motivo para adoptar esta drástica medida. La otra explicación…se halla en el robustecimiento de los nexos entre las pandillas canadienses dedicadas al tráfico de drogas y los cárteles mexicanos, en particular con la organización encabezada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,” agrega ese diario.

Los efectos de la guerra sin cuartel que libra el estado Mexicano en contra de los carteles de la droga se sienten con fuerza en las ciudades Canadienses. El periódico The Globe and Mail reportó en Marzo pasado, que las agencias Canadienses de inteligencia reconocían a los carteles Mexicanos de la droga como una amenaza a su seguridad nacional. Además, programas bilaterales como la Iniciativa Mérida ha interrumpido el flujo normal de abastecimiento de drogas en el Norte del continente. Un reporte de la firma global de inteligencia Stratfor asegura que los precios callejeros de las drogas en Canadá se han disparado, causando tensiones entre bandas criminales y abastecedores, resultando en mas muertes de las que las autoridades locales pueden controlar.

Dos cosas importantes que aclarar. Primero, los carteles Mexicanos no son los únicos que operan en suelo Canadiense. Allí tambien operan la mafia Rusa, la mafia Asiática, y pandillas Centroamericanas entre otras. Segundo, los Estados Unidos tambien son culpables en gran parte del deterioro de la seguridad en ciudades como Vancouver o Toronto. Las pocas regulaciones al mercado de armas de ese país hace que sea muy fácil que pistolas y rifles de alto calibre sean comercializadas en el mercado negro y lleguen a manos delictivas tanto al norte como al sur de sus fronteras. Ese flujo ilegal de armas alimenta el número de muertos y aviva el sentimiento anti-inmigrante entre los nativos.

La medida ha causado revuelo en Canadá dado que los turistas mexicanos sobrepasan los 266,000 por año. En los últimos cinco años, Toronto ha recibido mas visitas de mexicanos que de japoneses o alemanes. El columnista Jim Creskey del magazine de política exterior canadiense Embassy explica que el problema no reside en el número de solicitudes de asilo, el problema radica en el tortuoso e ineficaz sistema migratorio de Canadá. “Bajos de personal, con pocos fondos, culpables si dejan entrar a alguien no deseado, y con poco tiempo para tomar las decisiones correctas, los oficiales de inmigración viven en un constante estado de incertidumbre,” dice el columnista. Al contrario, el periódico Calgary Herald aplaudió la medida aduciendo que la mayoría de refugiados mexicanos buscan trabajo y no huyen de persecución política o torturas por parte del estado. Además dice que los contribuyentes canadienses pierden alrededor de 29,000 dólares por cada petición de asilo fraudulenta.

Cabe resaltar que México era el único país de Latinoamérica que no necesitaba visa para entrar a Canadá y es un socio comercial estratégico para el gobierno de Ottawa. Bajo el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) el intercambio comercial entre los dos países alcanzó en el 2008 los $26.2 billones de dólares. Una medida similar fue extendida para los ciudadanos de la República Checa, causando tensiones con la comunidad europea.